
| Alta probabilidad de aprobación de la reforma a inversiones extranjeras, afirman expertos.El incumplimiento podría generar multas de hasta 200 mil UMA para sociedades mexicanas. |
| Ciudad de México, septiembre del 2026.- Las reglas para determinadas inversiones extranjeras podrían cambiar en México de aprobarse la iniciativa presentada recientemente por el Ejecutivo federal. El planteamiento propone un procedimiento para evaluar posibles adquisiciones de empresas mexicanas, el valor de sus activos y la naturaleza de sus actividades. Como resultado, las operaciones que queden sujetas a este mecanismo podrían enfrentar medidas de mitigación e incluso sanciones específicas, modificando las condiciones bajo las cuales se concretan determinadas inversiones en el país. De acuerdo con Omar Aguilar, socio de la firma Pérez Correa González, es probable que la reforma avance: “Existe una probabilidad alta de que esta reforma sea aprobada y entre en vigor, particularmente porque forma parte de una tendencia internacional en la que los gobiernos están fortaleciendo sus mecanismos de revisión de inversiones por razones de seguridad nacional. Sin embargo, el alcance final de la reforma todavía puede modificarse durante la discusión en el Congreso, especialmente en la definición de los sectores, los umbrales de inversión y los criterios que utilizará la autoridad para determinar cuándo una operación representa un riesgo.” Bajo este nuevo esquema, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) tendría un papel central al definir los parámetros para determinar posibles riesgos a la seguridad nacional y evaluar las operaciones sujetas a revisión. La autoridad podría declarar viable una adquisición, condicionarla mediante medidas de mitigación o impedirla. A partir de esta propuesta, el experto analiza tres elementos para dimensionar su alcance: los sectores que quedarían bajo vigilancia, las repercusiones para las empresas y el contexto internacional que explica este cambio regulatorio. Sectores La vigilancia abarcará sectores estratégicos como energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, datos, sistemas digitales, industria aeroespacial y defensa, así como tecnologías críticas y de doble uso —entre ellas IA, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica y biotecnología—. También considerará el suministro de insumos fundamentales, como energía y materias primas, además del acceso a información sensible y datos personales, con la posibilidad de que la CNIE amplíe el alcance a actividades análogas. RepercusionesAunque el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la CNIE tendría hasta 180 días naturales a partir de esa publicación para emitir la resolución general que determine el umbral de activos, la propuesta ya establece consecuencias concretas para las operaciones que incumplan con el nuevo mecanismo. La propuesta establece una multa de 1,000 a 5,000 UMA para actos que requieran resolución favorable de la CNIE y se realicen sin haberla obtenido. Además, prevé multas de 5,000 a 200,000 UMA si la sociedad mexicana transfiere la participación accionaria pese a una negativa de autorización o sin resolución favorable previa, así como por incumplir las acciones de mitigación. La sanción por cerrar sin autorización se formula respecto de la sociedad mexicana que transmite o entrega la participación accionaria. No obstante, la solicitud es conjunta y las medidas de mitigación pueden recaer en ambas partes; el riesgo de cumplimiento debe asignarse expresamente en la documentación de la operación. “La estrategia de la empresa mexicana y del inversionista extranjero deberá definirse desde antes de presentar la solicitud, ya que durante los 60 días hábiles del procedimiento deberán estar preparados para responder a solicitudes de información más amplias. Esto puede incluir datos sobre beneficiarios finales, fuentes de financiamiento, flujos de datos, activos críticos, controles operativos y cumplimiento. La preparación previa será fundamental para reducir riesgos de retrasos, condicionamientos o una resolución desfavorable de la CNIE”, comentó Omar Aguilar, experto en legislación internacional. Contexto internacional Estados Unidos y Canadá cuentan desde hace años con mecanismos para analizar determinadas operaciones bajo esta lógica, por lo que México avanza hacia un esquema de revisión que también considera el impacto de una inversión sobre actividades sensibles. Para las empresas, esto implica que las decisiones de inversión y adquisición deberán incorporar desde etapas tempranas un análisis regulatorio y de seguridad nacional. Omar Aguilar, socio de la firma Pérez Correa González precisó: “La incorporación de la seguridad nacional como un criterio central para evaluar inversiones en sectores considerados estratégicos representa un cambio drástico a nivel nacional e internacional. Para las empresas, esto tendrá un impacto directo, particularmente en proyectos de largo plazo que requieren certidumbre regulatoria para definir montos, calendarios y condiciones de operación. A partir de ahora, el análisis de una inversión deberá considerar no solo su viabilidad financiera y comercial, sino también los posibles riesgos que pueda representar para el país.” |

