Por Redaccion 
● La falta de regulación integral mantiene al país en un vacío legal que limita el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la construcción de paz.
Ciudad de México, abril de 2026. — Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil harán un llamado urgente al Senado de la República el próximo 20 de abril en el marco del 420, para reactivar, con carácter prioritario, la discusión y dictaminación de una legislación integral en materia de cannabis que regule su uso, producción y distribución en el país.
Las organizaciones, que trabajan en temas de políticas de drogas, salud pública, reducción de riesgos y daños, desarrollo social y defensa de derechos humanos, consideran que la ausencia de un marco normativo claro ha generado un entorno de incertidumbre jurídica, desigualdad en el acceso a derechos y falta de herramientas institucionales para gestionar el consumo de manera responsable.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una coyuntura estratégica que vuelve aún más apremiante la necesidad de contar con un marco regulatorio claro. La llegada de visitantes internacionales con distintos marcos culturales en torno al consumo de cannabis hace indispensable fortalecer las capacidades institucionales del Estado para brindar información, prevenir riesgos y atender posibles escenarios.
Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el autoconsumo de cannabis en 2018, el Congreso no ha concretado una legislación que permita ordenar el mercado y establecer reglas claras para su operación. Esta omisión ha derivado en un escenario fragmentado, donde existen autorizaciones individuales, pero no un sistema integral que garantice condiciones de acceso, control y seguridad. Actualmente hay más de 12,000 autorizaciones sanitarias y amparos para cultivar cannabis, existen tres zonas de tolerancia en Ciudad de México y hay decenas de tiendas que venden productos derivados del cannabis sin un marco legal.
“Con el Mundial 2026, México tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que es un país que cuida a sus ciudadanos y a sus visitantes. Una regulación clara reduce riesgos, genera empleos formales y manda un mensaje contundente: México no le teme al futuro, lo construye”, señala Luis Fernando Campos, CEO de Educannabis
Actualmente, México enfrenta un mercado desigual, donde el consumo existe sin regulación efectiva, generando riesgos tanto para las personas usuarias, como para emprendimientos sociales y las autoridades encargadas de implementar políticas públicas. En este contexto, las organizaciones subrayan que la regulación no sólo responde a una necesidad jurídica, sino que abre oportunidades en materia de salud, desarrollo económico y fortalecimiento del campo mexicano.
Entre los beneficios de una regulación integral se encuentran el acceso a tratamientos terapéuticos, la generación de empleos, la inclusión productiva de comunidades rurales, la captación de ingresos fiscales y la construcción de políticas públicas orientadas a la reducción de riesgos y daños y la construcción de paz.
Las organizaciones entregarán a la Mesa Directiva del Senado una bolsa simbólica de semillas con la leyenda: “Estas semillas hoy simbólicas, podrían llegar a convertirse en medicina, terapia, desarrollo rural y económico para México. Está en sus manos que así sea”.
“Reactivar esta agenda no sólo implica atender una deuda legislativa pendiente, sino asumir una responsabilidad compartida frente a una realidad social que ya existe y que requiere ser gestionada con sensibilidad, justicia social y visión de futuro”, destaca Zara Snapp, directora de Instituto RIA que ha acompañado de cerca los procesos regulatorios en el Senado y la Cámara de Diputados.
En este sentido, las organizaciones proponen que la discusión legislativa se articule con el diseño e implementación de políticas públicas de formación, prevención y reducción de riesgos que respondan a este contexto, pero que también puedan consolidarse como modelos permanentes a nivel nacional, junto con una regulación legal con enfoque de justicia social.
Finalmente, las organizaciones reiterarán su disposición para colaborar con el Poder Legislativo, aportar evidencia técnica y participar en espacios de diálogo que permitan avanzar hacia la construcción de una legislación integral que responda a las necesidades actuales del país.