HorsePower 6.2019
Thomas Karig 6.5.2019
Integridad, el nuevo paradigma Las calificaciones de la industria automotriz de México en integridad corporativa
El combate a la corrupción, evitar los conflictos de interés, y administrar los recursos responsablemente, son temas que dominan la agenda pública de los últimos meses. Pero no son temas solamente para el gobierno. La sociedad en su conjunto, y muy especialmente las empresas y los empresarios, tienen que participar activamente y tomar las acciones que les corresponden en sus propios ámbitos.
Carlos Salazar, al tomar protesta como nuevo presidente del CCE, le propuso al Presidente López Obrador un pacto para eliminar la pobreza, impulsar la inversión y combatir la corrupción. Del planteamiento de Salazar destacan tres compromisos de los empresarios:
1) Cumplir con la ley y pagar impuestos.
2) Tratar a los trabajadores con respeto y dignidad, con salarios justos.
3) Comprometerse con la comunidad, tanto en el desarrollo económico como en el ambiental.
Y vale la pena recalcar que Salazar también enfatizó que “la clave para el equilibrio en cualquier país es la preeminencia del Estado de Derecho.”
Aunque los planteamientos del presidente del CCE nos deben parecer válidos y correctos para que todas las empresas cumplan, no basta con asumir la declaración. Significa para empresas mexicanas y extranjeras iniciar un movimiento de cambio cultural que lleve estos principios a todos los integrantes de la empresa. La herramienta para hacerlo se llama Política de Integridad, lo que significa implementar en las empresas sistemas que promuevan que todos nuestros colaboradores actúen de manera correcta, que se prevengan y corrijan desviaciones, y que existan mecanismos para poder reportar irregularidades. Algo que, por cierto, está planteado también en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción como una recomendación a las empresas para deslindar responsabilidades cuando sus empleados cometan un acto penado por la ley.
El llamado a las empresas, de asumir un papel más activo en el desarrollo social y el combate de la corrupción, se ha vuelto generalizado en todo el mundo. El Foro Económico Mundial (FEM) ha reunido a 82 empresas internacionales en la Partnering Against Corruption Initiative. Los socios declaran que “la corrupción impide el crecimiento económico, debilita la confianza entre los grupos de interés, contribuye a la desigualdad social y obstruye la innovación”. Por cierto, entre las empresas asociadas a este grupo todavía no se encuentra ninguna mexicana, y tampoco una automotriz.
Las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana acaban de publicar la segunda edición de un estudio que analiza la presencia, y accesibilidad pública, de Políticas de Integridad en las 500 empresas más importantes que operan en México (en base a la clasificación de éstas que hace la revista Expansión desde hace muchos años).
El estudio evalúa la existencia y publicidad de las Políticas de Integridad de las empresas aplicando un cuestionario con preguntas tales como: “¿la empresa hace públicos sus compromisos anticorrupción?”, “¿los empleados y directivos reciben un entrenamiento anticorrupción?”, “si alguien quiere denunciar una irregularidad, ¿puede encontrar en la página de la empresa un número telefónico o correo
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electrónico para tal fin?” o “¿se prohíben de manera explícita las represalias a los empleados que denuncien una violación a las políticas de la empresa?”, entre otras.
Los resultados no constituyen un índice de corrupción de las empresas, solamente se hace una valoración a partir de la información disponible en el portal de internet. Algunos elementos de la Política de Integridad, que deben estar presentes y accesibles para calificar bien en este estudio, son:
• Un código de conducta para empleados.
• Una política anticorrupción, y un compromiso público anticorrupción, con prohibición explícita de sobornos y pagos facilitadores.
• Políticas diversas, como de hospitalidad, de regalos, de donaciones, etc.
• Un sistema de monitoreo, denuncia y sanciones.
La evaluación de la información pública de las empresas más grandes con presencia en México arroja un promedio general de 47 puntos sobre 100 en 2018.
• Solo 12 de las 500 empresas se encuentran cerca de un cumplimiento completo, entre 90 y 100 puntos
• 288, o sea poco más de la mitad, están arriba del 50% y cubren por lo menos la mitad de los criterios.
• La empresa mexicana mejor calificada es Bimbo con un 88%.
• Del sector automotriz destacan Autoliv en el lugar 8 con 92% y FCA en el lugar 13 con 88%.
• Arriba del 50% se ubican algunas otras armadoras como Daimler, Navistar, GM, BMW, Kenworth y Nissan, así como a 20 empresas de autopartes.
Ya en el detalle técnico encontramos que, aunque un 73% de las empresas publican su código de conducta, solo un 45% mencionan un correo o teléfono donde se puede reportar alguna inconformidad. Un 60% dice tener algún tipo de programa anticorrupción, pero solo el 40% expresa un compromiso explícito de lucha contra la corrupción. Y apenas un 24% describen su programa de capacitación interna respecto al tema.
Por supuesto, todo esto no significa que las empresas con bajo puntaje en este estudio necesariamente tengan más incidencia de actos ilegales. Pero si nos deja ver que todavía hay un déficit, entre las empresas más grandes de este país y en el sector industrial más importante que es el automotriz, de declarar públicamente su compromiso con la integridad, cuando asumimos que este debería ser el primer paso hacia una cultura de ética empresarial que impacte en la vida pública de este país.
Este compromiso aplica no solamente a las empresas grandes. Todas las empresas, del tamaño o del sector que sea, tienen que asumir este compromiso. Para las que son parte de una cadena de valor como la automotriz es una condición indispensable.
La manera de hacerlo es empezar por formular y publicar una Política de Integridad con un Código de Conducta y manifestar nuestra posición ante los actos de corrupción. No hay otro camino para asegurar que todos los colaboradores apoyen activamente este propósito, y al mismo tiempo, generamos certeza entre nuestros empleados en cuanto a las conductas que la empresa espera de ellos.
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El resultado va a ser que generamos redes de integridad con nuestros clientes y proveedores, y poco a poco reduciremos el impacto negativo que la corrupción y la ilegalidad tiene sobre el bienestar de nuestras empresas, y del país.