Por Jaime Mendoza Waldo - La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) urge una ley general de seguridad vial y hace un llamado al ejecutivo del gobierno federal a participar en su construcción.
- Plantean 7 elementos mínimos que debe contemplar una ley de seguridad vial para que realmente favorezca la reducción de muertes y lesiones graves en nuestro país.
- AMAM conforma comité permanente de seguridad vial para fortalecer la iniciativa de ley e iniciar procesos de estandarización de registros vehiculares y licencias entre las entidades miembros.
Ciudad de México, abril de 2019.- La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad nos pronunciamos a favor de una Ley General de Seguridad Vial (LGSV). Urge avanzar en un marco nacional que permita establecer la concurrencia entre los tres niveles de gobierno para prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes o hechos de tránsito.
Sin
embargo, “un marco legal nacional sólo es efectivo si establece recursos,
genera un sistema con autonomía técnica, tiene alcance nacional y aborda la
seguridad vial con un enfoque sistémico, con líneas de acción en: gestión de la
velocidad, mejora de opciones de movilidad, regulación y control, diseño
vehicular y tecnología, diseño vial e ingeniería, educación y capacitación y
adecuada atención al accidente.” Asevera Diego Monraz, Secretario de Transporte
de Jalisco, Coordinador del Comité de seguridad vial de la AMAM.
Aproximadamente
cada hora mueren 2 personas en las vías. Cada año 40 mil personas resultan con
algún tipo de discapacidad. Hasta en el 70% de los casos las personas con
discapacidad por accidente no vuelven a conseguir empleo. A nivel nacional, los
costos de la seguridad vial ascienden a 150 mil millones de pesos, de acuerdo a
un informe de la Organización Panamericana de la Salud en 2013. Asevera
Angelica Vesga, Directora de Asuntos Públicos de WRI México, Secretaria Técnica
de la AMAM.
Una de nuestras mayores responsabilidades como autoridades estatales y municipales en materia de movilidad es proteger la vida de los usuarios de la vía. Sin embargo, a nivel país las acciones de prevención y gestión son atomizadas, depende de cada ciudad, de la capacidad técnica, de los presupuestos y de la voluntad política. La ley general de seguridad vial debe ser un paso firme para que todas las ciudades tengan un marco común de acción que impulse políticas determinadas y sostenidas con criterio técnico en todo el país.
Por
ello es indispensable ley contemple como mínimo:
1. Una Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se requiere una
institución autónoma o mínimo a nivel de Subsecretaria que permita establecer
políticas y acciones concretas para la reducción de accidentes y facilite la
articulación de los esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Esta institución
en el marco de un sistema nacional de seguridad vial debe tener autonomía
técnica para definir objetivos tácticos, estratégicos y operativos.
2.
La Concurrencia
de atribuciones. Establecer claramente y respetar las atribuciones en los tres
niveles de gobierno para implementar efectiva y eficazmente la Ley General de
Seguridad Vial, que permita prevenir y reducir las muertes, lesiones y
discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.
3. Mecanismos financieros definidos que permitan la
correcta asignación de recursos que viabilicen el desarrollo e implementación
de planes, programas y proyectos de seguridad vial.
4. Un observatorio nacional de seguridad vial que brinde información para
la toma de decisiones en materia de política pública en los tres niveles de
gobierno. Se debe considerar la experiencia y fortalecimiento de la CONAPRA
5. Criterios mínimos para la gestión de factores clave en la reducción de accidentes como la velocidad, el alcohol y diseño vial, que deberán ser considerados en normas técnicas, así como homologados en los respectivos reglamentos de tránsito, según sea el caso.
6. Estandarización
de registros vehiculares y licencias. Establecer mecanismos que faciliten la
estandarización de procesos de obtención de licencias y registros vehiculares,
considerando siempre la protección y resguardo de datos personales y las
facultades de las instituciones.
7. Vehículos
seguros. Incluir los criterios mínimos de seguridad vehicular (ligeros y
pesados) bajo estándares internacionales (OMS, etc.), para ser derivados en las
respectivas normas de dispositivos de seguridad vehicular en México
“En la AMAM desde 2017 hemos urgido por una ley general de
seguridad vial. Actualmente en el congreso existen dos iniciativas: la primera
propuesta por la sociedad civil con el apoyo de la senadora Patricia Mercado y
la diputada Pilar Lozano; la segunda por el diputado federal de Morena, Javier
Hidalgo. Reconocemos este esfuerzo, nos unimos y subrayamos la necesidad de que
el gobierno federal se sume al proceso de construcción de esta ley”, resalta
Jorge Longoria, presidente de la AMAM, director de la Agencia para la
Racionalización del Transporte de Nuevo León.