
El gobierno sigue licitando servicios de 24 por 24 horas lo cual es ilegal y fomenta el negocio de las empresas informales de seguridad privada.
· En México, 8 de cada 10 empresas de seguridad privada tienen algún tipo de incumplimiento.
Ciudad de México, Marzo de 2026.— La combinación entre la jornada laboral máxima de 48 horas establecida en la legislación mexicana y la discusión legislativa para reducirla gradualmente a 40 horas semanales hacia 2030 está generando efectos no previstos en el sector de la seguridad privada, particularmente un aumento en la contratación de empresas informales que operan fuera del marco legal, dijo Daniel Espinosa Àvila el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Dijo que por cada diez empresas formales que cumplen con obligaciones laborales, permisos regulatorios y estándares de capacitación y calidad de servicio, existen aproximadamente ocho compañías irregulares o “patito” que prestan servicios sin autorizaciones vigentes ni cumplimiento normativo.
Advirtió además una contradicción estructural en el mercado pues, mientras la legislación limita las jornadas laborales, distintos procesos de contratación pública continúan demandando esquemas operativos de 24 horas de servicio por 24 de descanso (24×24), práctica que puede constatarse en licitaciones publicadas en la plataforma gubernamental Compranet.
Espinosa Ávila destacó que esta dinámica genera incentivos para la simulación laboral, fomenta competencia desleal y establece precedentes de incumplimiento normativo incluso desde instancias gubernamentales.
“Este tipo de prácticas buscan mantener esquemas de seguridad y vigilancia continuas sin absorber los incrementos en los costos operativos derivados del cumplimiento pleno de la legislación laboral, lo cual puede tener consecuencias legales tanto para el prestador del servicio como para el contratante”, enfatizò.
Además de generar incentivos para la simulación laboral, las señales contradictorias que envían estas licitaciones fomentan la competencia desleal y permite que empresas que no cumplen con la normativa ofrezcan precios significativamente más bajos violando la ley, agregó el presidente de la AMESP.
De acuerdo con estimaciones del organismo, los costos podrían incrementarse hasta en 40% si se implementan de manera estricta los esquemas legales de jornada y descanso.
La AMESP recordó que, conforme al marco jurídico vigente, los contratantes de servicios de seguridad privada —incluyendo desarrollos residenciales, corporativos e instituciones públicas— pueden incurrir en responsabilidad legal solidaria cuando contratan empresas que operan fuera de la ley.
Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de supervisión del sector, homologar criterios en las contrataciones públicas y avanzar hacia una actualización regulatoria que permita equilibrar protección laboral, continuidad operativa y competencia justa en una industria clave para la protección de infraestructura productiva, instalaciones estratégicas y espacios habitacionales en todo el país
La Amesp es la asociación de empresas de seguridad privada más grande del país. Nace el 25 de junio de 2012 en un contexto en el que la seguridad fue un tema vital para nuestra nación. Surgen como iniciativa de varios empresarios y ejecutivos de la seguridad privada que buscaban crear un foro para compartir inquietudes y tomar decisiones en pro del crecimiento democrático de este ámbito.
