Ciudad de México, noviembre de 2026. Enfrentar una contingencia puede modificar en cuestión de horas la operación de una empresa que tardó años en construir su infraestructura, adquirir maquinaria y consolidar su capacidad productiva. La exposición a diferentes eventos como inundaciones, fallas eléctricas, una explosión o un incendio puede generar pérdidas materiales, interrumpir procesos y comprometer el cumplimiento de sus compromisos comerciales.
La dimensión de estos acontecimientos se refleja en los registros de las unidades estatales de Protección Civil. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 se atendieron 6,486 incendios estructurales, 2,543 inundaciones, 1,330 fugas tóxicas, 1,098 derrumbes, 928 derrames y 539 explosiones, entre otros. Si bien estos registros no corresponden sólo a establecimientos empresariales, muestran la diversidad de contingencias que pueden afectar inmuebles, infraestructura y actividades productivas en el país.
El impacto económico de estos riesgos también se observa en el sector asegurador, así lo señala la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que registra pagos de las compañías por 12 mil 61 millones de pesos correspondientes a siniestros de incendio durante el primer semestre de 2025. El dato da cuenta de sola categoría de riesgo, sin embargo, permite dimensionar el costo económico de las afectaciones a los bienes asegurados.
Para las empresas, el problema no termina con el daño físico de un inmueble o la pérdida de un equipo. La indisponibilidad de maquinaria puede detener una línea de producción; las afectaciones a inventarios pueden retrasar entregas, mientras que los daños en instalaciones pueden obligar a trasladar operaciones o buscar espacios alternativos. Cada una de estas situaciones puede generar costos adicionales y afectar la relación con clientes, proveedores y socios comerciales.
Roxana Sandoval, Directora Comercial de Seguro de Daños de Avla México, explica que uno de los principales desafíos para las organizaciones consiste en reconocer que la exposición patrimonial no se limita a un solo tipo de acontecimiento y que las consecuencias de una contingencia dependen de la naturaleza de cada actividad económica.
“Las empresas suelen identificar con mayor facilidad el valor de sus instalaciones y equipos, no siempre dimensionan lo que representa perder de manera temporal su disponibilidad. Una máquina puede tener un costo determinado, pero también es parte de un proceso que genera ingresos, permite cumplir pedidos y mantiene en funcionamiento una cadena de producción. Por eso, proteger los activos implica entender su importancia dentro de toda la operación y anticipar qué sucedería si alguno deja de estar disponible”, señala la directiva.
Esta evaluación resulta relevante para organizaciones de distintos tamaños y sectores. En una compañía manufacturera, por ejemplo, los equipos especializados y las líneas de producción pueden representar activos críticos; en una empresa comercial, los inventarios, almacenes y sistemas de distribución son fundamentales para mantener el servicio. En el mismo sentido, en las PyMEs, una afectación puede tener consecuencias importantes cuando concentran buena parte de sus recursos en un establecimiento, maquinaria o herramientas indispensables para generar ingresos.
De esta forma, la protección patrimonial requiere una evaluación que considere tanto las características de los bienes como los riesgos asociados con su ubicación, actividad y condiciones de operación. La revisión de instalaciones eléctricas, sistemas de protección, mantenimiento de maquinaria, almacenamiento de materiales y protocolos de respuesta forma parte de una estrategia preventiva que permite identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en pérdidas.
A estas medidas se suma la necesidad de contar con mecanismos financieros que ayuden a enfrentar las consecuencias económicas de un siniestro. Los seguros de daños constituyen una herramienta para proteger instalaciones, contenidos, maquinaria y otros bienes frente a los riesgos contemplados en las pólizas. Su alcance depende de las coberturas contratadas, las condiciones particulares, los límites y las exclusiones correspondientes.
Un aspecto prioritario es mantener actualizada la valoración de los activos asegurados. La incorporación de nueva maquinaria, las ampliaciones de instalaciones, el crecimiento de inventarios o los cambios en los procesos productivos pueden modificar las necesidades de protección. Si estos movimientos no se consideran al revisar las pólizas, puede existir una diferencia entre el valor real de los bienes y la protección contratada.
“Una estrategia de protección no debe partir de cuánto cuesta un inmueble o cuánto representa sustituir un equipo. Es necesario identificar qué activos son indispensables para el funcionamiento del negocio, qué riesgos pueden afectarlos y cuánto tiempo podría tomar recuperar la operación. Esta información permite tomar decisiones más acertadas sobre prevención y protección”, concluye Sandoval.
En un entorno donde las empresas necesitan preservar su capacidad productiva y responder a las exigencias de sus mercados, proteger instalaciones, maquinaria e inventarios representa también proteger su capacidad de generar valor, mantener empleos y cumplir sus compromisos comerciales. La solidez de una operación no depende solamente de los activos que posee, sino de qué tan preparada está para mantenerlos funcionando frente a situaciones inesperadas.
