SIN REFORMA CONSTITUCIONAL, INFONAVIT PODRÍA CONSTRUIR HASTA 500 MIL VIVIENDA

● La legislación vigente del Instituto permite invertir en desarrollo habitacional.
● Alianzas interinstitucionales e intergubernamentales, clave para garantizar el acceso a la vivienda social.
CDMX, abril de 2024.- Tiene el Infonavit los recursos financieros y la capacidad
legal para impulsar la construcción de 75 mil viviendas anualmente, aún sin la reforma al
Artículo 123 constitucional, con lo que se podría alcanzar la construcción de hasta 500 mil
viviendas durante los próximos seis años.
La legislación vigente del Instituto ya permite invertir los ahorros de la derechohabiencia en
desarrollo habitacional y compra de reserva territorial, siendo este último aspecto un factor
esencial para fomentar la creación de verdadera vivienda social.
De acuerdo con el artículo 42, párrafo 3, de la Ley del Infonavit, los recursos del Instituto se
destinarán en la línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones
para ser adquiridos por los trabajadores. Además, en el artículo 3, párrafo 3, se establece
que el Instituto tiene por objeto coordinar y financiar programas de construcción de
habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
El titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores (DST) del Infonavit, Mtro. Mario
Macías Robles, destacó que “independientemente de lo que se debata en la Cámara de
Diputados sobre la Reforma, la solidez financiera del Instituto y la normatividad actual
posibilita invertir en construcción de vivienda social para abordar el desabasto y garantizar
un derecho fundamental de millones de familias obreras”.
En un contexto donde los precios de la producción inmobiliaria en el mercado están fuera de
la capacidad adquisitiva de casi la mitad de los derechohabientes del Infonavit con acceso a
crédito, es decir superiores a los 500 mil pesos, y la escasez de oferta asequible afecta a
los 76 millones de derechohabientes, en especial a 5.5 millones que ya están precalificados,
podemos construir acciones colaborativas entre los sectores para atender la demanda.
“Una cuestión clave para garantizar el acceso a la vivienda social es establecer alianzas
interinstitucionales e intergubernamentales para generar mecanismos que permitan la
reducción de costos por metro cuadrado y faciliten el acceso a suelo adecuado, así como
atender la agenda real que surge de las demandas y solicitudes de los trabajadores para
diseñar las políticas en esta materia hacia el futuro”.
La DST propone colaborar con los gobiernos estatales y municipales para impulsar
propuestas concretas y tangibles, tales como la reducción de costos de impuestos y
permisos, en colaboración con las organizaciones sindicales y el sector privado, para
desarrollar soluciones efectivas y equitativas para combatir la escasez de oferta inmobiliaria
asequible